LA VIDEO VIGILANCIA OCULTA VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.

LA VIDEO VIGILANCIA OCULTA VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.

El asunto tiene por objeto valorar la adecuación al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH), de un supuesto de videovigilancia oculta de empleados de una cadena española de supermercados. Dicha medida tuvo por finalidad contrastar sospechas de hurto en las cajas derivadas de descuadres previos denunciados por el Director del supermercado. Como resultado de las pruebas recabadas cuatro trabajadoras fueron despedidas. Los tribunales españoles admitieron como prueba las grabaciones y confirmaron las decisiones de despido. Tanto el Juzgado de lo Social nº 1 de Granollers, como, en suplicación, la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, consideraron que la videovigilancia oculta fue proporcionada y la admitieron como prueba, conforme al art. 20.3 ET, aplicando la doctrina emanada de la STC 186/2000. El TEDH, en el caso López Ribalta y otros contra España; ha estimado por seis votos a uno la existencia de vulneración del art. 8 CEDH (derecho a la vida privada) y por unanimidad la inexistencia de vulneración del art. 6.1 (Derecho a un proceso justo).

El TEDH considera que, en el presente caso, el empresario decidió instalar cámaras de vigilancia, unas visibles y otras ocultas. Los empleados fueron advertidos solo de la existencia de las cámaras visibles enfocadas sobre las salidas del supermercado, pero no fueron informados de la instalación de video vigilancia sobre las cajas. La videovigilancia encubierta se llevó a cabo después de que se hubieran detectado pérdidas por el supervisor del supermercado, generando un indicio razonable de hurto cometido por las demandantes.

El TEDH estima que la videovigilancia oculta de un trabajador en su puesto de trabajo es una injerencia en su derecho a la vida privada. Este derecho abarca las imágenes grabadas y reproducibles de la conducta de una persona en su puesto de trabajo, a la que el trabajador no puede sustraerse, estando obligado por el contrato de trabajo (como había sentado el TEDH en su sentencia de 5 de octubre de 2010, Köpke contera Alemania). El Tribunal considera que las medidas de videovigilancia afectaron a la vida privada de las recurrentes, en el sentido del art. 8 CEDH.

Entiende también que los datos visuales obtenidos implican el almacenamiento y procesamiento de datos personales estrechamente vinculados a la esfera privada de los individuos. Este material fue consiguientemente procesado y examinado por diversas personas que trabajaban para el empresario (entre otros el representante sindical y el representante legal de la empresa) antes de que los recurrentes fueran informados de la existencia de las grabaciones de video.

El Tribunal considera que la legislación española vigente en el momento de los hechos, contenía previsiones específicas de protección de datos. En efecto al amparo del art. 5 LOPD, las recurrentes tenían derecho a ser informadas de forma previa, explícita, precisa e inequívoca de la existencia de un archivo de datos personales porque los datos serian objeto de tratamiento. Dicha información debía comprender la finalidad del tratamiento; los responsables de la información; naturaleza obligatoria u opcional de sus respuestas a las cuestiones que se les formularon; las consecuencias de facilitar o rechazar los datos; la existencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; la identidad y dirección del responsable, o en su caso de su representante.

Por todo ello el Tribunal, concluye en el presente caso, que los tribunales españoles no llevaron a cabo una ponderación justa entre el derecho de las recurrentes al respeto a su vida privada conforme al art. 8 CEDH, y el interés del empresario a la protección de su derecho de propiedad.
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Es importante tener presente que el art. 22.5 del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, publicado por el BOCG el día 24 de noviembre de 2017 (en adelante, PLOPD) permite que, como regla general, los empleadores puedan tratar los datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores previstas en el art. 20.3 ET “siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar a los trabajadores acerca de esta medida”. No obstante, el PLOPD parece proporcionar cierta cobertura a la línea jurisprudencial española, al menos de forma excepcional, al señalar en su art. 22.5.2º que, ante el supuesto en que las imágenes hayan captado la comisión flagrante de un acto delictivo, “la ausencia de la información a la que se refiere el apartado anterior no privará de valor probatorio a las imágenes, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de dicha ausencia”.

En relación con la posible vulneración del derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH), el TEDH valora si la utilización de las grabaciones de vídeo obtenidas con violación del CEDH ha comprometido el derecho a un proceso justo. El Tribunal rechaza tal pretensión, pues considera que las demandantes han podido impugnar la autenticidad de las grabaciones en el contexto de los procedimientos contradictorios y que esas grabaciones no constituían la única prueba que respaldaba las decisiones de los tribunales, que también se basaron en pruebas testificales. Por tanto, el TEDH descarta que se haya vulnerado el art.6.1 CEDH por valorar prueba ilícita, al existir otros medios de prueba totalmente válidos y sin que hubiera conexión alguna de antijuridicidad de los mismos con el medio de prueba ilícito.

Finalmente, se aducía por las recurrentes la vulneración del derecho a un proceso justo (art. 6.1 CEDH) por considerar que los acuerdos de finiquito se habían obtenido bajo coacción o amenaza de denunciar los hechos a la justicia penal. El TEDH considera el presente caso que los tribunales nacionales abordaron cuidadosamente la admisibilidad y fiabilidad de los acuerdos del finiquito. Recuerda que las trabajadoras tuvieron amplias oportunidades para impugnar tales acuerdos y que los tribunales españoles resolvieron todas las alegaciones formuladas por ellas y ofrecieron razones suficientes para considerar válido el consentimiento.

 

FUENTE SAGARDOY ABOGADOS.

Jesús R. Mercader
Of Counsel Sagardoy Abogados.

 

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