Gorliz sanciona a la empresa de limpieza de edificios públicos por incumplir el contrato

Gorliz sanciona a la empresa de limpieza de edificios públicos por incumplir el contrato

Las tres piezas que componen este puzle siguen sin encajar. Y en el eje se sitúan las trabajadores del servicio de limpieza de edificios municipales de Gorliz, con el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria a ambos lados. Las ocho empleadas iniciaron hace catorce meses una huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones laborales, que describen como «precarias». Ese rompecabezas sigue sin visos de solucionarse y ahora el reloj apremia. El Consistorio ha anunciado sanciones contra la empresa adjudicataria por «incumplir el contrato al no sustituir a las trabajadoras en huelga», lo que aviva el conflicto.

La primera multa ya ha iniciado su camino administrativo. El Consistorio restará 19.393 euros del contrato a la compañía por los servicios no prestados durante el mes de abril. Y, a menos de que en los próximos días la situación tome un rumbo radicalmente diferente, la medida se repetirá mientras no se encuentre una solución. La administración reducirá el 10% del importe de la factura por cada dos días que no se reponga a las trabajadoras en huelga. Es decir, en abril fueron 19 jornadas de paro, lo que supone un recorte de un 95%, que se traduce en esos 19.393 euros.

Desde el Ayuntamiento defienden que «no se puede dejar indefensa a la administración, debe ser el contratista quien soporte las consecuencias económicas de la huelga». Y aluden a la actual situación de pandemia, donde la limpieza gana enteros, para justificar el paso adelante. «La situación nos preocupa, dentro de este grupo también está el colegio», apunta la alcaldesa, Nagore Utxupi, quien remarca que «defendemos a las trabajadoras, la sanción es a la empresa».

Servicios mínimos

Las empleadas, sin embargo, no comparten la medida adoptada. «En todo momento se ha garantizado el servicio mínimo, no se han descuidado los edificios públicos. No queremos que pongan sanciones, sino que se sienten a negociar», apuntan desde la plantilla. Desbloquear la situación, aseguran, depende ahora de la administración. Cambia pues el escenario, cuando al comienzo del conflicto eran la empresa y las trabajadoras las partes enfrentadas, porque estas pedían un convenio propio en lugar de estar sujetas al provincial.

Esa modificación incluía una subida de 150 euros en un plazo de tres años, que se abone el 100% de la prestación durante la baja, no el 75% como hasta ahora, así como incorporar las jornadas completas. Sin negociaciones entre ambas partes, y con las huelgas ya en marcha, el vencimiento de ese contrato y la redacción de unos nuevos pliegos parecía allanar el camino. Y su adjudicación, la solución. Al menos, en la teoría.

«Los nuevos pliegos debían incluir unas mejoras, pero se adjudicó al mejor postor. Seguimos igual que antes», censuran desde la plantilla. El presupuesto era de 571.000 euros y se licitó por 490.000, lo que abrió una nueva grieta. «Hemos llegado a un acuerdo con la nueva empresa para incorporar esa mejoras que demandamos, pero nos responde que económicamente no puede hacer frente a ese aumento. Pedimos al Ayuntamiento que actualice el contrato y haga ese esfuerzo económico».

Fuente: elcorreo.com

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