28 Sep Convenios colectivos en tiempos de inflación desbocada
De un tiempo a esta parte gestionar en tiempos convulsos se ha convertido en nuestro día a día. Sin habernos repuesto aún de los embates de la pandemia (de aquellos barros vienen estos lodos), el tejido productivo se enfrenta ahora a la mayor presión inflacionista de las últimas décadas.
El promedio de los incrementos salariales pactados está entorno al 2,5% anual
La inflación ha alcanzado sus cotas más altas desde el año 1984, una escalada de precios inasumible que tensiona a todos los países por igual y cuya explicación no solo se encuentra en la crisis energética causada por la guerra de Ucrania, sino también, en el aumento de la demanda mundial tanto de materias primas y productos elaborados, como los colapsos en las cadenas de suministro y los problemas de transporte surgidos a consecuencia del confinamiento.
En medio de esta delicada situación económica, que por el bien común esperemos que sea temporal, en el primer semestre del año se han firmado varios convenios colectivos provinciales en nuestro sector. Madrid, Baleares o Cáceres son algunos de ellos, pero en el camino se están negociando otros tantos. El promedio de los incrementos salariales pactados viene a ser del entorno del 2,5% anual, una subida moderada teniendo en cuenta el enorme esfuerzo económico que estamos haciendo, tanto trabajadores como empresarios, por contener esta escalada salarial.
Soy consciente que los trabajadores están sufriendo la inflación, pero para las empresas esta situación también está suponiendo un deterioro importante puesto que llevamos meses soportando el encarecimiento de los bienes intermedios, a los que ahora se suma el coste de los salarios.
Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, estas subidas son más que moderadas, pero es que sería inviable que fueran superiores, así que todos debemos trabajar por controlar la inflación, fundamentalmente, por dos motivos. El primero es que, si renovamos los convenios a los niveles del IPC, supondría no solo un coste empresarial inasumible, sino haría que se prolongara la espiral alcista del IPC que dejaría de ser coyuntural para convertirse en permanente. Y segundo, porque estos incrementos no podrían trasladarse a los clientes.
El sector público, que representa prácticamente la mitad de nuestro negocio, por la ley de la desindexación de la economía no podemos repercutir a los clientes las subidas posteriores que se produzcan, lo que nos hace ser extremadamente cautos y moderados en todas las negociaciones.
Y en este contexto ¿qué es lo que debemos hacer? Como ya he señalado, todos debemos trabajar por contener la inflación, cada uno desde su función y su responsabilidad, pero también es necesario que el Gobierno elimine la ley de desindexación para que sea posible revisar los costes en los contratos plurianuales de servicios con las administraciones públicas.
Lo llevamos pidiendo desde hace años porque en sectores como el nuestro, donde los gastos laborales suponen el 90% de nuestros costes, no poder trasladar estas subidas a los precios de los contratos supone un descalabro económico que lleva a asfixiar aún más a quienes generan el empleo en este país.