AFELIN, RELACIONES INSTITUCIONALES

AFELIN, RELACIONES INSTITUCIONALES

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.

Con motivo de la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público, AFELIN promovió junto con otras organizaciones reuniones con algunos de los miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados. 

El objeto de las citados encuentros sirvieron para presentar las propuestas al Proyecto de Ley.

Las reuniones tuvieron lugar con los Responsables de los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Grupo Parlamentario PSOE.- Responsable DÑA. MARIA JESUS SERRANO JIMENEZ.

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Parlamentario CIUDADANOS.- Responsable DON FERNANDO NAVARRO.

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Parlamentario Partido Popular.- Responsable DÑA. SUSANA LOPEZ ARES.

El objeto de las reuniones transmitir la necesidad de garantizar mediante la nueva Ley sobre contratación pública en desarrollo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación pública, el acceso real y efectivo de la PYME a la contratación pública mediante los siguientes principios básicos:

1. Evitar que los órganos de contratación y poderes adjudicadores utilicen criterios no proporcionados que restrinjan indebidamente la competencia.

2. Establecer el criterio general de la división de lotes en los contratos públicos, tanto de manera cuantitativa, fraccionando el importe, como cualitativa, en función de la especialización.
3. Limitar que los órganos de contratación y poderes adjudicadores puedan agrupar en un mismo lote o contrato distintos servicios, estableciendo el límite claro e infranqueable para que las prestaciones fusionadas –pertenezcan o no a una misma tipología contractual- se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad.
4. Obligar a los órganos de contratación y a los licitadores a cumplir con las normas y condiciones laborales contenidas en el convenio colectivo de aplicación, en la elaboración de los pliegos, el presupuesto base de licitación y la determinación del precio en los contratos de servicios, debiendo considerarse su incumplimiento como causa de resolución de los contratos.

5. Garantizar que, en la determinación del valor estimado, cuando en el contrato sea relevante la mano de obra y se aplique la subrogación, se consideran los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales.
6. Excluir por el órgano competente para la valoración de las proposiciones, a aquellos licitadores que no justifiquen razonadamente en su oferta el cumplimiento de las condiciones salariales aplicables conforme a los convenios colectivos sectoriales vigentes.
7. Proscribir las subastas electrónicas en los contratos públicos de servicios y de obras, en los que la contratación de mano de obra es intensiva lo que implica que las partidas de costes laborales suponen la mayoría de los costes de ejecución de los servicios.
8. Limitar cuantitativamente el ámbito de aplicación de la reserva de determinados contratos o lotes de éstos a favor de Entidades sin ánimo de lucro, prevista en la disposición adicional cuarta del anteproyecto de ley de contratos del sector público, a fin de hacerla compatible con la libre concurrencia y competencia que en todo proceso de licitación debe existir.
9. Por último, incluir una previsión, conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, de revisión motivada de precios, para que en los contratos intensivos en mano de obra, o en los que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, sea posible la revisión del precio del contrato en la parte del coste correspondiente a la mano de obra derivado del convenio sectorial de aplicación.
10. Obligar a que los pliegos prevean que el poder adjudicador compruebe el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista, sin excluir el mecanismo del pago directo a los subcontratistas.

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